Como no había ocurrido nunca antes -según lo reconocieron en actas públicas Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, así como Beverly Hernández, directiva de AyA y la directora de comunicación de esa misma entidad, Angie Ortega, el mismo presidente Chaves Robles y desde la Presidencia de la República se habría “recomendado” transferir millonarios contratos publicitarios a esa entidad.

En el foro político se ha iniciado una investigación y un llamado a dar cuentas en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En el foro técnico administrativo se ha presentado una denuncia por prácticas monopolísticas ante la Comisión para la Promoción de la Competencia.

Una serie de reportajes periodísticos han dado luz acerca de una posible estructura de concentración de dineros públicos, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho atropelladamente para evadir en su justo momento la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública.

Como último escalón de esta nueva polémica, en el foro judicial se presentó una denuncia ante la Fiscalía General por el manejo de la pauta publicitaria del ICE-Kölbi, cuyos recursos ahora manejaría el SINART.

Para ampliar el tema conversamos con el diputado Ariel Robles y el especialista en temas de Derecho Público y libre competencia, Luis Diego Vargas.