El fallo de la Sala Constitucional es claro, contundente y de acatado cumplimiento: se debe restituir inmediatamente en sus puestos como directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social a Martha Rodríguez González (representante del sindicalismo) y José Luis Loría Chaves (delegado del cooperativismo) quienes fueron separados por el Consejo de Gobierno de la Administración Chaves Robles y al mismo tiempo queda nulo el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, designados para sustituir a los despedidos anómalamente.

Una vez más en Costa Rica el sistema de pesos y contrapesos se muestra vigoroso, como cabe esperar en una democracia en la que se atemperan las actuaciones de los poderes del Estado para que no traspasen sus linderos.

Por mayoría de cinco de sus siete integrantes, la Sala declaró con lugar el amparo presentado por un colectivo de organizaciones sindicales.

De acuerdo con el por tanto “se anula la medida cautelar acordada por el Consejo de Gobierno y se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento al fallo”.

Esto abre nuevas perspectivas de análisis y de lo que deberá corregirse y actuarse de ahora en adelante en esta institución autónoma insigne.

Para profundizar en este esperado fallo conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.