La Contraloría General presentó una consulta ante la Sala IV, solicitando un análisis integral de la constitucionalidad de las reformas propuestas en la denominada ley jaguar.

Solicita claridad de sí se reduce el sistema de fiscalización a una mínima expresión, si se violan principios y derechos constitucionales y si se alterarían las competencias hoy establecidas a la institución.

Ello al argumentar que las reformas le eliminarían la posibilidad de establecer medidas cautelares durante investigaciones, lo que violentaría su independencia y eventualmente deterioraría la calidad de los insumos que aporta a la Asamblea Legislativa en su función de control político.

Esta acción se une a la segunda presentada por once legisladores y a la enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Para seguir entendiendo los señalamientos de la propuesta que es hoy el caballo de batalla del Poder Ejecutivo, conversaremos con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.