Antes del año 2030 se jubilarán 15.000 de los 60.000 empleados públicos de la administración regional: 1 de cada 4. Para garantizar el relevo y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, la Junta trabaja en una reforma integral de la ley de función pública del año 2015.  

Como punto de partida, ha creado un comité de expertos que en diciembre emitirá un informe sobre los cambios necesarios.

La Consejera de Administración Pública avanza que una de las prioridades será agilizar los procesos de selección pero garantizando la transparencia.

Benito Román, presidente del sindicato CSIF, asegura que entre los aspectos a mejorar están la ofertas de empleo, las promociones internas, la carrera profesional o el teletrabajo.