La fiscal suspendida Elizabeth Peralta, involucrada en el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’, optó por entregarse a las autoridades para cumplir con la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra. Tras haber estado en la clandestinidad, la magistrada decidió someterse a la justicia, un cambio de estrategia que sorprendió, ya que su abogado, Benji Espinoza, había indicado previamente que no acataría la disposición judicial.’

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