El gobierno de Honduras confirmó que aterrizarán este lunes 19 de mayo 18 hondureños que aceptaron “autodeportarse” de los Estados Unidos utilizando el programa CPB One Home, la aplicación con la que Donald Trump busca reducir los gastos de expulsión hasta en un 70%. Honduras estaría cooperando con los Estados Unidos para que no intervengan en las elecciones del país centroamericano previstas a finales de 2025, estimó Lester Ramírez, de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Honduras, “a pesar de que con Joe Biden tuvo un discurso muy agresivo, contestatario e incluso irrespetuoso, está colaborando bastante con Trump, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela, para que hagan escala aquí y luego ir a Venezuela” porque, según Ramírez, “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales”.

Las elecciones generales en Honduras se realizarán el 30 de noviembre de 2025 para renovar la Presidencia de la República, 128 diputados y 298 alcaldes.

Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería hondureña, explicó a la prensa local que la administración de Donald Trump facilitaría a los migrantes regresar de forma voluntaria y “con dignidad, sin enfrentar procesos de detención ni deportación forzosa”.

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El pasado 9 de mayo el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse” ofreciéndoles vuelos gratuitos. 

“Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. El 5 de mayo el gobierno estadounidense informó que los migrantes que aceptaran autodeportarse recibirían 1 000 dólares. 

Economía

En lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados (de los cuales 3 375 de Estados Unidos), lo que podría afectar directamente la economía del país, debido a la importancia que tienen las remesas. 

En 2024 se registró un ingreso de 9,740 millones de dólares por remesas, cifra que la coloca como principal fuente de divisas para este país de cerca de 10 millones de habitantes y que ocupa el segundo lugar en pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aunque su reintegración podría representar un gasto adicional para el Estado, Lester Ramírez considera que los deportados no agravarían la economía nacional, pues la mayoría de los trabajos se sostienen de la informalidad, pero sí la inseguridad.  

“Las redes familiares, las redes de apoyo van a ayudar de alguna manera a mitigar el impacto [económico], pero de lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales, y eso no se está registrando, la policía no está haciendo un esfuerzo para poder darle seguimiento”, consideró.

“Ya se dieron casos en los que personas que han sido deportadas, a los pocos días de su regreso, o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Más que económico, el problema va a ser de seguridad”, dijo.

A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, en el primer mes de su gobierno fueron deportadas 37,000 personas, 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.