El pasado martes 9 de mayo, la coordinadora Victoriano Lorenzo bajo un sol intenso convocó una marcha que salió desde el histórico parque Porras, donde más de 10 comunidades se encaminaron hacia la presidencia de Panamá para entregarle una carta al presidente Laurentino Cortizo con un pliego de peticiones entre ellas: Solicitud de la expropiación de las tierras ocupadas por comunidades en base a los artículos 48, 50, 51 de la Constitución Nacional de Panamá que establece que el gobierno nacional puede expropiar tierras por motivos de interés social urgente, sin embargo como ya ha hecho este gobierno y otros, quedan en manos de empresarios y banqueros multimillonarios, a pesar que la ley dice que sólo es para sectores pobres del país que cuenten con una necesidad urgente, requisito que cumple las comunidades que sufren de pobreza extrema debido a la aplicación de políticas neoliberales en el país, acrecentando a más de un millón de panameños y panameñas sin vivienda, sin solución alguna por parte del Estado panameño, a pesar que lo obliga y señala claramente el artículo 117 de la Constitución Nacional y los artículos: 626, 627, 628 y 630 del Código de la Familia.