Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela atraviesan un momento crítico tras el cierre de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, medida solicitada por el gobierno venezolano. Aunque no se ha declarado una ruptura formal, el retiro del embajador y la suspensión de actividades consulares reflejan un congelamiento de vínculos. Expertos sugieren que este distanciamiento podría haber sido comunicado tardíamente para no interferir en la tramitación de la reforma previsional en Chile.

Esta situación evidencia el fracaso de los intentos del gobierno de Gabriel Boric por establecer una relación funcional con el régimen de Nicolás Maduro. Los acuerdos de cooperación, como el convenio policial firmado en 2023, no han tenido resultados concretos, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, como el caso del Tren de Aragua. Además, la falta de colaboración en materia de seguridad ha sido un problema persistente, con nula respuesta de Venezuela ante solicitudes de información sobre antecedentes penales.

Finalmente, el impacto de esta crisis diplomática se proyecta en el ámbito migratorio. La política de deportaciones impulsada por Estados Unidos y la reelección de Maduro podrían intensificar la presión migratoria hacia Chile y otros países de la región. La ausencia de coordinación bilateral dificulta la gestión de este fenómeno, dejando a Chile sin acceso a información clave sobre los antecedentes de los migrantes venezolanos.