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En La Segunda Dósis de este jueves 3 de julio, César Sinde analiza con el ex alcalde de San Agustín de Guadalix, Juan Figueroa, las últimas novedades de la corrupción que devora al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que hoy hemos conocido el reparto del dinero que podría haber realizado Santos Cerdán, ya que el Tribunal Supremo ha solicitado información de 479 cuentas corrientes repartidas en 35 entidades bancarias. También, el trato de favor que estaría recibiendo Cerdán en la cárcel de Soto del Real o la dimisión de la número 2 del Hipódromo de Madrid al conocerse que la trama socialista celbraba allí sus reuniones.
En la segunda parte del programa y de la mano del experto inmobiliario Pascual Ariño, L2D analiza los devastadores efectos de la Ley de Vivienda socialista tras dos años de aplicación y cómo se ha disparado el alquiler y hundido la oferta. Además, frente al mantra de la izquierda de que "no se puede ganar dinero con la vivienda" resulta que el Estado gana con los impuestos a inmuebles la friolera de 52.200 millones de euros cada año.
By Periodista DigitalEn La Segunda Dósis de este jueves 3 de julio, César Sinde analiza con el ex alcalde de San Agustín de Guadalix, Juan Figueroa, las últimas novedades de la corrupción que devora al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que hoy hemos conocido el reparto del dinero que podría haber realizado Santos Cerdán, ya que el Tribunal Supremo ha solicitado información de 479 cuentas corrientes repartidas en 35 entidades bancarias. También, el trato de favor que estaría recibiendo Cerdán en la cárcel de Soto del Real o la dimisión de la número 2 del Hipódromo de Madrid al conocerse que la trama socialista celbraba allí sus reuniones.
En la segunda parte del programa y de la mano del experto inmobiliario Pascual Ariño, L2D analiza los devastadores efectos de la Ley de Vivienda socialista tras dos años de aplicación y cómo se ha disparado el alquiler y hundido la oferta. Además, frente al mantra de la izquierda de que "no se puede ganar dinero con la vivienda" resulta que el Estado gana con los impuestos a inmuebles la friolera de 52.200 millones de euros cada año.