El impacto de estas prácticas es devastador: se estima que Hacienda ha dejado de ingresar unos 3.000 millones de euros debido a la evasión fiscal en este sector clave. A pesar de los intentos por reforzar el control, las cifras reflejan una clara incapacidad del gobierno para frenar esta tendencia.

El fraude fiscal no solo socava las arcas públicas, sino que también pone en peligro la equidad en el sector empresarial, afectando a los ciudadanos de a pie que ven cómo se evade el dinero que debería destinarse a servicios públicos.