La dispersión, en la actualidad está institucionalizada, se ha convertido en rutina, no sólo en lo que se refiere a los presos incluidos en colectivos “de riesgo”, sino para todos. Hoy por hoy, la administración carcelera usa los traslados a su antojo tanto con criterios de seguridad y neutralización como con cualquier otro. Además del gasto insoportable que supone para familias de muy bajo poder adquisitivo el obligado desplazamiento para las visitas y el riesgo de accidente en los viajes, provoca situaciones como las de las personas presas enfermas que han perdido varias citas médicas concertadas o turnos de quirófano por haber sido trasladadas. O las que sufren, sólo por serlo, las mujeres presas, obligadas mayoritariamente a cumplir condena en cárceles de hombres, pues sólo un 20% lo hace en las pocas prisiones para mujeres. Además, hay otras posibilidades legalmente previstas de someter a la gente presa tanto a medidas de aislamiento y “control coercitivo” como a traslados fulminantes. Por ejemplo, el empleo del artículo 75 del Reglamento Penitenciario

Por Salhaketa