Por Eduardo Anguita

La noticia salió al aire como quien impulsa un cohete hacia la estratósfera. El domingo 16 por la noche, en un programa de C5N, se dijo que el gobierno había decidido privatizar ARSAT. Según el zócalo del programa de Roberto Navarro, se llevaba a cabo “la primera privatización de Macri”. Una carta de intención de la estatal ARSAT (Argentina Satelital, 100% de las acciones en manos del Estado nacional) con la empresa estadounidense Hughes, firmado el pasado 29 de junio, según el programa El Destape, se convertía en el primer paso para privatizar la explotación de los satélites geoestacionarios argentinos. El martes, ARSAT, a través de un comunicado difundido por la agencia Télam, afirmaba que la carta de intención le otorga a Hughes el 51% de la empresa Newco, destinada precisamente a la fabricación y explotación del ARSAT-3. El 49% restante quedaría en manos de la estatal ARSAT. El comunicado agregaba que “nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con los impuestos de los argentinos”. En verdad, una frase muy poco afortunada que lejos de aclarar, oscurece la idea de cómo pueden obtenerse beneficios de la explotación de un satélite geoestacionario destinado a brindar servicios de datos para soportes tales como televisión, telefonía e internet. Un satélite como el mencionado -sea privado, estatal o mixto- es capaz de recibir señales desde ciertas antenas transmisoras y enviarlos en una determinada frecuencia a los dispositivos en cuestión, teléfonos, televisores, computadoras. Eso es un proceso muy complejo y sofisticado, que escapa al conocimiento de este cronista. Sin embargo, cualquiera sí puede entender dos cosas. La primera es que la ley de desarrollo satelital, votada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2015, prohíbe expresamente la transferencia del 51% de las acciones clase A que el Estado tiene en ARSAT sin previa autorización de los dos tercios del Congreso. Lo segundo, más prosaico, es que las empresas que contratan satélites geoestacionarios pagan por ello. Y lo suficientemente bien como para que sea rentable, más allá de que la operación comercial esté en manos privadas o estatales.

Por coincidencia, el Ministerio de Comunicaciones dejó de estar en manos de Oscar Aguad, de modo que tiene su portal desactivado y no brinda información oficial. A su vez, el portal de ARSAT, que está en la grilla de ese ministerio, tampoco brinda información oficial. En las radios y los portales, en consecuencia, se escuchan versiones de todo tipo y color. Varios hablan de que para privatizar una empresa pública es preciso una ley del Congreso.

Un poquito de historia

Los satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y sobre la franja del Ecuador. Dado que el espectro es finito, hay un organismo bajo la órbita de Naciones Unidas -la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- que establece qué países pueden aspirar a tener posiciones orbitales. Hace ya 20 años, la Argentina obtuvo las posiciones geoestacionarias 72 y 81 grados longitud oeste. Es decir, quedó una reserva en el espectro para que el Estado nacional pusiera en órbita y explotara esos satélites. En caso de no hacerlo, podía perder las posiciones y algún otro país sería beneficiario. En 2006, Néstor Kirchner creó Argentina Satelital (ARSAT) y asumió el desafío de construir los satélites y ocupar los espacios. Así, se logró en 2013 y 2015 poner el ARSAT-1 y el ARSAT-2 respectivamente en esas posiciones. A través de la construcción con una participación destacada de la empresa de tecnología INVAP (una SA cuyo capital accionario está en manos de la provincia de Río Negro que se autofinancia, y tiene sus laboratorios principales en Bariloche).

En el mundo de los satélites los grandes jugadores son privados, aunque se alimentan también de las agencias estatales. Empresas como AT&T,