Wilson Sandoval

09/01/2020

Hoy día, cabe cuestionarse si la cárcel y lo penal son las respuestas más adecuadas al fenómeno de la corrupción. Pareciera que en El Salvador la prisión no es un disuasivo que logre calar en los funcionarios, sin importar su jerarquía. Para el caso, el Ejecutivo evidencia registros de corrupción desde 1989, según el estudio de ICEFI “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”. En ese sentido, la corrupción no es un mal reciente, y la población exige “leyes más duras” o “penas más severas” contra quienes cometen ilícitos en función de su cargo público. Sin embargo, parece que los corruptos y corruptores tienen la capacidad de sortear las consecuencias de sus actos al disponer de recursos legales que les favorecen —como los juicios abreviados— y al aprovecharse de la debilidad de instituciones que componen el sistema de rendición de cuentas del país, como el Tribunal de Ética Gubernamental o la Sección de Probidad.