La Contraloría General de la República (CGR) está profundamente condicionada por el diseño que definió el Pacto Ortega-Alemán. Es una institución que consume 7.4 millones de dólares al año para, en teoría y por ley, garantizar la transparencia del Estado en el manejo de los recursos públicos, pero en la práctica es un arma para presionar a los adversarios políticos de Ortega y ocultar la corrupción de sus allegados.

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