La discriminación, la violencia física o el despido, siguen siendo formas habituales, en decenas de países, de amedrentar a sindicalistas y a trabajadores y trabajadoras que estamos sindicadas. En el Estado español no iban a ser diferentes las cosas, obvio.

La primera evidencia que surge es que a pesar de existir los instrumentos legales internacionales y, en el caso de España, propias, como el derecho a huelga recogido en el Art. 28 de la maltrecha Constitución española, que protegen y promueven la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, los sindicatos de clase y los trabajadores y trabajadoras, estamos expuestas a violaciones graves de nuestros derechos, como así quedará demostrado hoy, una vez más, con el testimonio de un trabajador represaliado, Celso Ventura, quien fue despedido tras participar activamente en la huelga general indefinida que, durante 88 días, sostuvieron los instaladores de cobre de fibra óptica y línea ADSL subcontratados a través de empresas externas de Telefónica MOVISTAR.