La red tejida por el Pacto de Corruptos es fuerte y compacta; sus operadores -sector político, cúpula empresarial, Ejército, sistema judicial y organizaciones criminales- actúan en estrecha coordinación con el propósito de ahogar cualquier intento de restablecer el estado de Derecho en Guatemala. Para ello cuentan con el silencio de una ciudadanía temerosa, una red de medios de comunicación vendidos a sus intereses y la pasiva anuencia de colegios profesionales y universidades