Artículo publicado el 5 de marzo de 2004 en Expansión

¿Y al juez que la imputó no le va a pasar nada? No. Nada.

¿Son gajes del oficio de politico? No. Es que al que imputa -para garantías- nunca le pasa nada.

Entonces ¿quién es el "garantizado", el "investigado" o el investigador (instructor)?

Desde 1990, en que se suprimió, me parece una barbaridad prescindir del auto de procesamiento.

Véase mi opinión en Expansión en 2004.

He recopilado "Mis mejores cincuenta artículos en Expansión" en un libro que pueden ver aquí, en el que el artículo está incluido.

El sistema de la Ley 13/2021, de 1 de octubre, para “luchar contra la morosidad” en el transporte de mercancías por carretera, es inaplicable e inconstitucional.

Hay que dejar de hablar de delitos de odio. Odio y amor no son conductas ni punibles ni exigibles, porque son interiores. La obligación de amar figura en las leyes de Dios, no en las humanas. El amor no se exige en el Código Civil ni para el matrimonio. Según la RAE el odio es "antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea". Siendo así que los deseos no son acción ni omisión, no son punibles. Todo lo tipificado como delito de odio es inconstitucional. Así de simple. Lo que se puede punir son las conductas generadas por el odio. Pero el odio no es punible. Ni siquiera como agravante (22.4 del Código Penal) porque la conducta no cambia por fuera por el motivo de dentro. Dios puede juzgar el odio (interior) y el amor (interior). Los hombres, sólo la conducta exterior. Cuando se tipifican delitos de odio, el hombre se convierte en Dios, porque determina los valores en los que hay que creer y qué es lo que hay que amar y qué es lo que hay que abominar. El hombre no es Dios. Luego el hombre solo puede tipificar conductas exteriores. Escuche el podcast.

Nuestro colaborador D. Hipólito Álvarez, NEXUS CORPORATE

Si usted es dueño de una empresa, grande o pequeña, estará en dificultades por razones estadísticas.

Son muy pocos los sectores a los que les va mejor ahora que antes: los supermercados, las fabricantes de medicinas, las farmacias, los febricantes de software... pero poco más.

No es que haya empresas zombies. Es que la mayoría están ya zombies.

No se engañe: si usted es administrador, nadie le va a regalar nada cuando llegue la quiebra.

O más bien: la quiebra ya ha llegado y usted no puede resignarse al hecho de que le ofrecen liquidez a corto plazo que no le sacará del hoyo, porque no hay más facturación ni margen con que sostener los gastos corrientes, la deuda y sobre todo los IMPUESTOS.

En la quiebra y después de la quiebra, su gran enemigo no serán sus acreedores, que están pasando por las mismas dificultades, ni los bancos, que mejor o peor le comprenderán, sino la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Debe preparar desde ya la protección de su patrimonio personal y separarlo de su patrimonio empresarial, de tal modo que quede liberado de toda deuda pública futura que se le repercuta. El Estado socialista es inmisericorde y le va a derivar hasta el último euro.

Llámenos al 915767979 o use el formulario. Le ayudaremos. En lo posible.

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Prestamos servicio de domiciliación y asesoría jurídica (reducción de honorarios de un 20%) y en su caso de secretaría virtual. Su empresa podrá seguir funcionando, pero on line.

Si ha tenido problemas empresariales, tal vez tenga que prescindir de su personal y de su contrato de arrendamiento. Pero necesitará asesoramiento continuado y sobre todo un lugar donde domiciliar su empresa para que no se le escape ninguna notificación.

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Y podemos llevarle la contabilidad, en función del tamaño de su empresa.

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Más información aquí.

Si usted va a litigar, especialmente si lo va a hacer contra las Administraciones Públicas, debe saber que se mete en un berenjenal, porque el Estado tiene montado un tinglado que está pensado para disuadirle.

Si recurre, volverán a por usted. Por el mero hecho de haber recurrido. Tomarán nota. Dicen que no, pero es que sí.

Si recurre, se encontrará con que el Estado tiene jueces especiales, que no son los de los demás, y que son muy estatalistas. Difícilmente le darán la razón. Por derecho, el Estado tiene presunción de legalidad en vía administrativa. Pero de hecho, la tiene también en vía jurisdiccional. El que no lo sepa es que no ha litigado en el TSJ, la AN o el TS, Sala 3.

Si recurre, se encontrará con que a pesar de que su recurso cuestiona la legalidad del acto, éste se ejecutará. O sea, que usted tendrá que pagar o avalar la deuda, tanto si recurre como si no. Aunque se trate de sanciones. En todo caso pagas (o avalas). Si quieres, recurres.

Si gana, se encontrará con que la Sentencia no es inmediatamente ejecutiva. El Estado tiene todavía tres meses para pensárselo y una eternidad para pedir al Tribunal -que es muy estatalista- la expropiación de los derechos derivados de la Sentencia.

Y sobre todo, si pierde, usted tendrá que pagar al Estado las costas que le dé la gana al Tribunal, porque este asunto NO ESTÁ REGULADO. Los jueces hacen literalmente lo que les da la gana.

Vea el video y si tiene dudas, que las tendrá, porque las tenemos también nosotros que nos dedicamos a esto, llámenos al 91 5767979 o use el formulario:

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Lo dijimos en mayo y lo repetimos en diciembre. El que no reclame, no cobra. El estado de alarma ha sido aprobado de modo inconstitucional. Pero los que no reclamen se van a quedar sin indemnización. Puede tener más información en la presentación que sigue:

Los Juzgados están comenzando a dictar resoluciones exonerando, no sólo de las deudas de los acreedores ordinarios, sino también de las de la AEAT y la Seguridad Social, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y en general cualquier Administración Pública, a pesar de que Hacienda, a través del Gobierno modificó la ley para evitarlo.

Las deudas concursales con las Administraciones Públicas hasta el 1 de septiembre de 2020.

Hasta el 1 de septiembre de 2020, los Juzgados, aplicando una Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Julio de 2019, venían exonerando deudas con las Administraciones Públicas siempre que concurrían los requisitos legales de la ley concursal. Naturalmente, se exigía que el deudor fuera de buena fe, es decir, que no hubiera provocado a propósito su situación de insolvencia y que careciera de antecedentes penales por delito patrimonial.

Desde el 1 de septiembre de 2020.

La Agencia Tributaria, aprovechando la autorización al Gobierno para refundir la Ley Concursal, indebidamente incluyó en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprobó el texto refundido de la Ley Concursal, una “aclaración” que vaciaba la ley de contenido y desvirtuaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que pretendía la AEAT era que, sin necesidad de una modificación legal, aprovechar la refundición para que ésta dijere lo contrario que la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Cuando desde el 1 de septiembre de 2020 se ha empezado a aplicar el texto refundido, la AEAT y las demás Administraciones Públicas han alegado ante los Juzgados que ahora la ley ha cambiado y que por tanto la deuda de los concursados con las AAPP no puede ser objeto de exoneración.

Inaplicación de reglamentos ilegales

Los Juzgados sin embargo están protegiendo a los concursados y puesto que la refundición está mal hecha, están dictando resoluciones que consideran no aplicable el precepto que prohíbe el perdón de la deuda pública.

Quien dice cuándo el pasivo insatisfecho es exonerado o no es la ley, y quien interpreta la ley es el Tribunal Supremo, no el Gobierno aprovechando un texto refundido para modificar los criterios jurisprudenciales.

Eso sí, no toda la deuda pública se puede exonerar, porque eso es lo que dice la ley y la jurisprudencia: alcanza la exoneración al 70% aproximado de la deuda pública, quedando el 30% a la aprobación de un plan de pagos por el que se ha de abonar ese porcentaje en cinco años, sin devengo de intereses.

Desde COELLO DE PORTUGAL ABOGADOS nos sentimos orgullosos de poder ayudar a personas, deudores de buena fe, que quedaron arruinados y en bancarrota en la anterior crisis, y conseguiremos para ellos que puedan mirar hacia adelante y promuevan de nuevo cualquier tipo de actividad económica que reactive la tan maltrecha economía actual. La cuestión está perfectamente explicada en el video que adjuntamos.

Pónganse en contacto con nosotros reservando hora con D. Javier Lagunas Navarro, o llamándonos por teléfono (91 5767979) o usando este formulario para mandarnos un correo electrónico:

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La ley del estado de alarma prevé que las personas o empresas que sufran daños por causa de las medidas ordenadas por el Gobierno tienen derecho a ser indemnizados.

Las empresas que se dedican a la sanidad tienen derecho a reclamar al Estado el importe de todos los gastos en que ha incurrido respecto de los que no son sus asegurados.

Podemos asesorarle muy bien en esto. Contrate una entrevista online con alguno de nuestros abogados.

Si usted es autónomo y ha empezado su actividad en los últimos 4 años, ha habido 12 meses en los que ha pagado de más. El Tribunal Supremo lo ha declarado así. Pero nadie le devolverá nada si no reclama. Siga las pautas del video.