La Foreign Corrupt Practices Act prohíbe que ciertas clases de personas y entidades realicen pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros con el fin de obtener o retener negocios. Un ejemplo reciente de la aplicación de esta ley concluyó con un acuerdo bajo el cual una empresa estadounidense acordó pagar más de US$98 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EEUU.