Es innegable que el servicio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es de muy mala calidad. Los cortes frecuentes y prolongados, las altas tarifas a pesar de un suministro no garantizado, las sospechas sobre la calidad del líquido y las múltiples fugas en las tuberías son señalamientos constantes de la población. El acceso al agua potable es un derecho humano y condición imprescindible para una adecuada calidad de vida. Por ende, garantizar un continuo y adecuado suministro a un precio razonable debería ser una de las principales preocupaciones de cualquier Gobierno que en verdad tenga el propósito de servir a los ciudadanos.