Un año y 7 meses han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional le ordenara al Estado reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado, y a los diputados legislar para garantizar la protección y derechos de ellas. El 9 de enero, luego de un largo rezago injustificado e irresponsable, la Asamblea Legislativa por fin saldó su deuda aprobando la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, una realidad que golpea a diario a muchos salvadoreños y que por demasiados años fue oficialmente ignorada.