La empresa privada también puede violar derechos humanos básicos. Antes esta afirmación no era aceptada porque la doctrina de los derechos humanos nació para evitar los abusos del Estado o de sus agentes contra personas particulares. Pero con el surgimiento de los derechos humanos de tercera generación, como los derechos de los pueblos y el derecho al medioambiente y al agua, ha empezado a generarse una visión que reconoce la posibilidad de que las empresas violen gravemente los derechos de las personas. Ciertamente, el Estado debería impedir —no apoyar— que las empresas nieguen el acceso a bienes que son comunes y que resultan severamente dañados por intereses particulares. Pero el poder económico e incluso político de algunas empresas, unido a la corrupción estatal, provoca serias violaciones a derechos de las personas.