En el 2024, catorce mujeres privadas de la libertad en el centro Penitenciario Anayanci ubicado en Quibdó, Chocó; fueron trasladadas sin previo aviso en el marco de la visita familiar.  Se les ordenó levantarse y acompañar a la guardia, no sabían por qué, ni a dónde. Procedentes de Quibdó, Chocó, llegaron a la cárcel Pedregal en Medellín, donde las separaron en diferentes patios, sin cobijas, sin sus objetos personales, sin comer, sin la opción de comunicarse con sus familias. 
Tras el traslado, las mujeres han enfrentado varias afectaciones como la violencia racista, el desarraigo familiar y territorial y problemas en su salud física y mental. En Colombia solo hay cuatro centros penitenciarios especializados para mujeres, lo cual implica una violación a su derecho a la igualdad.
En este podcast conversamos con las mujeres privadas de la libertad que fueron traslñadas y distorsionamos sus voces para proteger su identidad.

A la espera de las mujeres privadas de la libertad, estánsus familias que no solo añoran su regreso sino queestán a la espera de un mejor sistema de jusIcia.¿Qué proponen las familias?

¿Cómo viven las familias la experiencia de tener a una de sus integrantes en la cárcel? Cuando se tiene una familiar en la cárcel, se enfrentan múltiples desafíos, especialmente cuando vienen de contextos de violencia y pobreza extrema. Por ejemplo, asumir la responsabilidad del sustento y la carga del cuidado de sus hijos y demás seres queridos;  la comunicación y las visitas se dificultan y para muchas familias de bajos recursos se duplican los gastos al tener que apoyar la manutención en el centro de reclusión. Además, la familia también lleva el peso de la estigmatización.

¿Las mujeres privadas de la libertad deben perder todos sus derechos porque le causaron un daño a la sociedad? Una persona, al ser privada de la libertad, los únicos derechos restringidos son precisamente los asociados a la libertad; los demás deben garantizarse en el marco del principio de dignidad humana. Según el Código Penal colombiano, la función de la pena es la “prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección [a la persona condenada]” desde un principio jurídico de Dignidad Humana y de respeto a  las demás normas vigentes en Colombia. En este episodio, una familiar nos narra cómo se vulnera el derecho a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo en los centros carcelarios.

¿Las mujeres privadas de la libertad deben ser recriminadas toda su vida, pese a haber cumplido su condena? Estigmatizar y juzgar socialmente a una mujer privada de la libertad reduce su posibilidad de resocialización.

El testimonio que escuchamos en este episodio tiene un efecto de distorsión de voz a solicitud de las mujer que nos compartió su historia.

¿Las mujeres privadas de la libertad son malas madres? Más del 90% de las mujeres en prisión son madres, para muchas la vinculación con situaciones asociadas al crimen estuvo motivada por el cuidado de sus hijos, familias y seres queridos. El 94% de las mujeres privadas de la libertad son madres y el 75% madres cabeza de familia. 
En Colombia y en el mundo las mujeres son más pobres que los hombres. En promedio global, las mujeres ganan un salario 24% más bajo que los hombres y realizan entre dos y diez veces más trabajo que estos en labores de cuidado no remunerados. En este contexto de desigualdad, las mujeres pueden vincularse a actividades criminales para garantir la subsistencia y medios de cuidado de las personas a su cargo.

Más del 60 por ciento de los crímenes cometidos por las mujeres tienen motivaciones económicas y las historias de vida demuestran sus contextos de violencia, exclusión y empobrecimiento. ¿Las mujeres privadas de la libertad representan una amenaza para la sociedad? En este testimonio se habla de no suponer sino de acercarse a conocer la realidad. 
El testimonio que escuchamos en este episodio tiene un efecto de distorsión de voz a solicitud de las mujer que nos compartió su historia. 

En Colombia, las mujeres privadas de la libertad son al rededor de 16 mil mujeres; el 60 por ciento en domiciliaria o en vigilancia electrónica mientras el 40% se encuentra intramural en centros de reclusión. Allí, nos hemos unido a su llamado a reclamar mínimas condiciones de habitabilidad ala garantía de sus derechos. Angélica Beltrán, coordinadora de la linea Mujeres en cáceles y libres de la Corporación Humanas, nos explica ¿Cómo salirnos del esquema punitivista? ¿Qué otros caminos de justicia son posibles para que las mujeres compensen a la sociedad por los delitos que han cometido?