Las organizaciones de la red Gas No es Solución, en la que se encuentra Ecologistas en Acción, han presentado alegaciones formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra los trámites de información pública actualmente abiertos para los diferentes tramos del proyecto «Infraestructura Interior de Hidrógeno en España», incluidos en la Red Troncal Española de Hidrógeno y en el corredor H2Med. La red exige la paralización inmediata de los trámites mientras no se apruebe un instrumento legislativo que permita una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) adecuada de todos los planes y programas asociados.

Las entidades denunciamos que la red de transporte de hidrógeno, impulsado por Enagás a través de sus filiales, carece de la planificación ambiental exigida por la legislación vigente, como sí ocurre con la red de transporte eléctrico. «Estamos ante una infraestructura altamente interrelacionada que afecta a diferentes territorios, recursos y comunidades de manera acumulativa y sinérgica y que, sin embargo, se está tramitando por tramos aislados y sin una visión global y estratégica», advierte Marina Gros Breto, coordinadora del Área de Energía de Ecologistas en Acción y portavoz de la red.

Entre los argumentos esgrimidos la red subraya el escaso desarrollo actual del mercado del hidrógeno en el Estado español (apenas 33 MW de electrolizadores operativos) frente a las proyecciones desmesuradas de hasta 74 GW incluidas en los escenarios del promotor, cuya finalidad principal sería la exportación de hidrógeno renovable hacia Francia y Alemania a través del corredor H2Med. Esta expansión requeriría instalar decenas de GW adicionales de generación renovable exclusiva, con serias implicaciones para el territorio y los ecosistemas.

La red denuncia asimismo que la iniciativa está sostenida con fondos públicos, sin que se haya demostrado su viabilidad ni su aporte real a la descarbonización. «Estamos asistiendo a un nuevo caso de inyección de dinero público a infraestructura privada con enormes riesgos donde se sustituye la planificación democrática y ambiental por un modelo dictado por el oligopolio energético», subraya Francisco del Pozo, responsable de combustibles fósiles y nuclear de Greenpeace y portavoz de la red.

La red reconoce que el hidrógeno verde y sus derivados está llamado a desempeñar un rol importante en el proceso de descarbonización de ciertos sectores difíciles de electrificar como algunas industrias, por ejemplo la siderúrgica, maquinaria pesada o el transporte marítimo y aéreo. Sin embargo, no pueden descarbonizarse todos los usos actuales y futuros de estos sectores, especialmente en el sector industrial y de transporte, es primordial un cambio en los modelos de producción, consumo y hábitos para reducir las necesidades de transporte de pasajeros y mercancías de largas distancias. Es fundamental un análisis estratégico del impacto de dichas infraestructuras de producción, de transporte y de las plantas renovables asociadas, que junto con estudio de la demanda actual y futura de hidrógeno verde promueva la infraestructura de hidrógeno realista que favorezca la rápida descarbonización minimizando el impacto en los territorios donde se quieran implantar.

En las alegaciones, las organizaciones ecologistas reclamamos no sólo la Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto de la red troncal, sino también una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria completa para cada tramo que tenga en cuenta las afecciones sinérgicas y acumulativas. Advirtiendo que el fraccionamiento del proyecto podría estar vulnerando la legislación europea y española, que obliga a considerar los impactos acumulados de infraestructuras como las grandes conducciones de hidrógeno.

Para Gas No es Solución

«no se puede hablar de transición energética sin ordenar usos del suelo, evaluar impactos globales y garantizar participación ciudadana.

En ese sentido, se reclama una transición verdaderamente democrática, descentralizada y socialmente justa, donde las decisiones estratégicas se tomen con información transparente, participación efectiva y evaluación ambiental rigurosa».

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