El abogado de las organizaciones ambientales, que lleva más de 20 años luchando contra El Algarrobico, explica el recorrido judicial contra el hotel ilegal tras el anuncio del Gobierno.

José Ignacio Domínguez. Abogado de las organizaciones ambientales en la lucha contra El Algarrobico. Revista Ecologista nº 122

El hotel del Algarrobico es ilegal por múltiples motivos, pero nos hemos centrado solo en dos, que está construido en zona no urbanizable de especial protección en el Parque de Cabo de Gata y que invade la servidumbre de protección de costas.

El escollo de estar construido en zona protegida lo solventó la Junta de Andalucía modificando la planimetría del parque a las bravas, sin expediente alguno. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de fecha 22 de diciembre de 1994 El Algarrobico aparece con la letra C1 (áreas naturales de interés general). La Consejería de Medio Ambiente sustituyó a mano alzada la letra C1 por otra letra, la D2 (áreas urbanizables). Lógicamente esta manipulación de la planimetría no tiene valor ninguno, la que tiene valor y efectos frente a terceros es la planimetría que se publicó en el BOJA.

El problema de invadir la servidumbre de protección fue más sencillo, aprovechando que todavía no se había hecho el deslinde definitivo de la zona marítimo-terrestre, el Ayuntamiento de Carboneras pintó la línea de servidumbre de protección con una anchura de 20 metros estando ya vigente la Ley de Costas que obliga a los planes parciales aprobados con posterioridad al 1 de enero de 1988 a respetar una servidumbre de 100 metros. Eso ya lo sabía Azata antes de comprar los terrenos pues el arquitecto del hotel preguntó al entonces Servicio Provincial de Costas por la anchura de la servidumbre en esa zona y la respuesta fue que era de 100 metros. Por estos y otros motivos similares la Audiencia Nacional en dos sentencias firmes ha negado a Azata, la propietaria del hotel, tener derecho a indemnización alguna.

El periplo judicial de El Algarrobico se inició en 2005 cuando la asociación Salvemos Mojácar presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería pidiendo que se obligase al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras. No pudimos pedir directamente la nulidad de la licencia porque se concedió en 2003 y en 2005 ya se había pasado el plazo para recurrirla, por eso solo solicitamos la revisión de oficio de la misma. Durante la tramitación del procedimiento se personó en la causa Ecologistas en Acción Almería y la Junta de Andalucía. El Juez Jesús Rivera, titular entonces del Juzgado de lo contencioso número 2 de Almería dictó un auto en febrero de 2006 paralizando las obras, esa es la única disposición judicial que ha tenido efectos hasta ahora después de medio centenar de sentencias contrarias al hotel, catorce de ellas del Tribunal Supremo.

En septiembre de 2008, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Almería acordó obligar al Ayuntamiento a revisar la licencia, pero la sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol SL. En 2014 se celebró un juicio en el TSJA con Ecologistas en Acción, Salvemos Mojacar y la Junta de Andalucía frente al Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol SL.

Durante el juicio, los magistrados Francisco Toledano y Jorge Muñoz Cortés, es importante recordar ese nombre para lo que luego explicaré, nos expulsaron del procedimiento por haber presentado fuera de plazo un certificado, con lo cual se quedaron solos la Junta de Andalucía frente a Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras. La Junta defendía que los terrenos eran urbanizables y que la servidumbre de protección era de 50 metros con objeto de salvar la estructura del hotel que está justamente a 50 metros.

La Junta de Andalucía desde siempre defiende en público que hay que demoler el hotel, pero en los juzgados trata de impedirlo, como ha hecho recientemente según explicaré a continuación. No habiendo nadie en el procedimiento que defendiese la nulidad de la licencia, el TSJA acordó que era legal. Fue entonces cuando Greenpeace presentó otra demanda similar ante el TSJA pidiendo la revisión de oficio de la licencia alegando los dos defectos fundamentales del hotel ya citados, que invade la servidumbre de protección y que se ubica en espacio protegido. El Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol SL alegaron que ese asunto era cosa juzgada, pero el TSJA rechazó la propuesta porque Greenpeace no había sido parte en el anterior proceso.

El TSJA dictó sentencia contradictoria con la anterior dándonos la razón y obligando al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia de obras. La sentencia fue confirmada por el Supremo. Esta sentencia es fundamental para la demolición del hotel, pero el Ayuntamiento de Carboneras se niega a cumplirla. Otra sentencia pendiente de ser ejecutada por el Ayuntamiento de Carboneras es la que le obliga a clasificar los terrenos de El Algarrobico como no urbanizables de especial protección en el PGOU. En este pleito están personados Ecologistas en Acción, Salvemos Mojacar y Greenpeace.

Tras veinte años de pleitos, la situación en la que nos encontramos actualmente es que para demoler el hotel es necesario que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla esas dos sentencias, la del PGOU y la de la licencia de obras, algo altamente improbable porque hasta ahora no ha cumplido ninguna sentencia ante la pasividad de la Administración de Justicia que no le obliga a ello. Las dos sentencias del TSJA citadas, indispensable para poder demoler el hotel son la 2000/2016 de 18 de julio del TSJA que le obliga a modificar el PGOU y clasificar El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección y la 2956/2021 de 22 de julio que le obliga a revisar la licencia de obras. Por increíble que parezca, a fecha de hoy los terrenos del Algarrobico siguen figurando como urbanizables en el PGOU dando así validez a la manipulación de la planimetría realizada por la Junta de Andalucía que como ya se ha dicho modificó a las bravas, sin expediente alguno, la letra C1 por la D2.

El Algarrobico está en zona no urbanizable de especial protección en el Parque de Cabo de Gata e invade la servidumbre de protección de costas.

La ejecución de ambas sentencias se está tramitando hace años en el TSJA, pero hemos tropezado con varios escollos, el primero es que el abogado del Ayuntamiento de Carboneras es el magistrado del TSJA en excedencia Jorge Muñoz Cortés que en 2014 dictó una sentencia con la magistrada María del Mar Jiménez Morera diciendo que el hotel estaba en suelo urbanizable. Esa sentencia la anuló el Supremo. Ahora la ponente encargada de ejecutar la primera de las sentencias, la del PGOU, es la citada magistrada María del Mar Jiménez Morera que después de cuatro años no ha obligado al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU haciendo caso a las triquiñuelas de su excompañero de Sala alegando por ejemplo que el Ayuntamiento de Carboneras no puede modificar el PGOU porque no dispone de secretaria o de arquitecto.

Es importante que el Ayuntamiento de Carboneras modifique el PGOU porque el Tribunal Supremo en sentencia número 1682/2022 de 19 de diciembre ha acordado que, pese a haber múltiples sentencias afirmando que los terrenos son protegidos, seguirán siendo urbanizables hasta que el Ayuntamiento de Carboneras no realice el acto formal de modificar el PGOU. Esta sentencia del Supremo trasladando competencias judiciales a un Ayuntamiento ha sido recurrida por Greenpeace ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos junto con las andanzas del magistrado en excedencia Jorge Muñoz Cortés.

La ejecución de la sentencia referida a la licencia de obras lleva el mismo camino de eternizarse, pero aquí el problema no son los magistrados, es la Junta de Andalucía. En efecto, en base al artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa hemos pedido al TSJA que sea el Tribunal el que anule la licencia de obras a la vista de que el Ayuntamiento de Carboneras no está dispuesto a cumplir esa sentencia, ni ninguna otra, pero el letrado de la Junta de Andalucía en escrito presentado hace dos días defiende que el expediente de anulación de la licencia lo debe de tramitar el Ayuntamiento de Carboneras, algo imposible de conseguir después de veinte años intentándolo. En el caso de que el Ayuntamiento finalmente tramite el expediente de revisión de la licencia de obras corremos el peligro de que concluya diciendo que la licencia es legal porque cuando se concedió en 2003 gozaba de todos los permisos e informes favorables, los terrenos eran D2 en la planimetría del Parque y la servidumbre de protección era de 20 metros, dando así validez a la manipulación realizada en la planimetría. El actual alcalde de Carboneras ya ha anunciado que si le obligan a revisar la licencia de obras aplicará lo que él entiende como normativa en vigor en 2003 y es muy posible que concluya diciendo que la licencia es legal. El Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía maniobran para que no se derribe el hotel porque eso conllevaría tener que indemnizar a Azata.

Clasificar los terrenos como protegidos en el PGOU y anular la licencia de obras no es la única opción para demoler el hotel. Lo más rápido sería que la Junta de Andalucía finalizase el derecho de retracto acordado en septiembre de 2006. Ese derecho consiste en quedarse con todos los terrenos que se venden en el Parque pagando al vendedor la cantidad que iba a recibir del comprador. El Supremo, en varias sentencias de 2016 confirmó el retracto y reconoció que el propietario de los terrenos de El Algarrobico es la Junta de Andalucía pero que tiene que obligar a Azata mediante un pleito civil para que le entregue la posesión, algo que la Junta lleva nueve años eludiendo a pesar de tener depositados 2 millones trescientos mil euros a la espera de que los recoja Azata. Es decir, la propietaria de los terrenos es la Junta de Andalucía, pero Azata se niega a entregar la posesión de los mismos. En cuanto al hotel, sigue siendo propiedad de Azata, no está incluido en el retracto.

En esta situación, la ministra María Jesús Montero, mal asesorada, ha decidido expropiar a Azata los terrenos ignorando que ya no le pertenecen y anuncia que en unos meses va a derribar el hotel. La única forma de que esto ocurra es que se pongan de acuerdo Azata, la Junta de Andalucía y el ministerio. Se comenta que Azata y el ministerio han podido llegar a un acuerdo, de ser cierto eso facilitaría enormemente la demolición, en caso contrario Azata recurrirá el expediente de expropiación ante el TSJA y alegará que ella no es la propietaria de los terrenos puesto que la Junta ha ejercido el derecho de retracto y el caso seguirá la misma senda que el resto del medio centenar de procedimientos referidos a El Algarrobico, se eternizará en los juzgados.

Es posible que el ministerio encuentre alguna forma de tramitar el expediente de expropiación de los terrenos contra Azata, pero es muy difícil que se pueda eludir la realidad de que los terrenos pertenecen a la Junta de Andalucía. La línea de servidumbre de protección abarca al 40% del hotel, si el ministerio consigue hacerse con la propiedad de ese 40% tendría que ponerse de acuerdo con Azata y la Junta de Andalucía para decidir qué se va a hacer con el 60 % restante. Por otro lado, Cristina Narbona ya inició un expediente de expropiación en 2007, pero su sustituta lo archivó en 2009. Esperemos que aquí no suceda lo mismo.

En definitiva, que el hotel del Algarrobico siga en pie es un descrédito para la Administración de Justicia, el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía. Estamos ante un fracaso institucional que acredita la debilidad de nuestro Estado de derecho.