En el año 1988, el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea
(Suiza), estableció unas normas para regular el nivel de recursos propios que las entidades financieras tenían que mantener para satisfacer un adecuado nivel de riesgo. Un primer intento que, como ocurre con otras regulaciones económicas, sólo contemplaba de forma defectuosa y burda las necesidades del sector financiero.

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