Analizamos un proyecto de ley a punto de ser aprobado, -y aprovechando el estado de alerta por la pandemia- que busca perfeccionar y aumentar la capacidad del Estado para controlar y vigilar a las personas a través de una reforma que pretende dar más competencias a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), integrando a los diferentes servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y transformar a todo el aparato público en una gran red de potenciales informantes, un nuevo paso en la Agenda Represiva.