El agro, considerado el motor económico de Argentina, atraviesa un período de enorme tensión: mientras algunas empresas relevantes anuncian incumplimientos en el pago de sus obligaciones y los productores avanzan ciegamente y con pocas opciones en una campaña sinuosa en cuanto a la rentabilidad, el sector gremial parece estar algo adormecido ante la acuciante realidad de miles de productores.

En este contexto, sorprenden -aunque no deberían- las declaraciones de algunas entidades más aguerridas, con es el caso de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Su presidente, Ignacio Kovarsky, encendió nuevamente el debate sobre el rumbo económico y político que afecta al sector agroindustrial y pidió señalas claras que conduzcan a una reducción de los derechos de exportación.

En diálogo con Palabra de Campo, el titular de la entidad fue contundente al advertirle a Javier Milei que “si no quiere seguir perdiendo productores, es momento de dar señales claras y bajar las retenciones”.

Recientemente, varias entidades productivas manifestaron su preocupación ante la acuciante carga impositiva que soporta el agro, donde los municipios, las provincias y el estado nacional tienen, cada uno en una proporción diferente, una responsabilidad que erosiona las cuentas de los establecimientos productivos.