En la conversación se plantea si, ante las dificultades migratorias en EE. UU., “irse a España” es alternativa; Maikel Arista aclara que no es un plan B, sino el ejercicio de un derecho: la ciudadanía española de los cubanos fue ilegítimamente arrebatada por el artículo IX del Tratado de París (1898), y por eso han demandado al Estado español; el caso, llevado por el abogado Manuel Oliva, está admitido y “visto para sentencia” en la Audiencia Nacional. Explican que la anulación (plena o al menos actual) de ese artículo permitiría reconocer la nacionalidad de origen a los descendientes de quienes nacieron en Cuba antes de 1898 (incluso hasta 1900 por inexistencia de Estado cubano), lo que simplificaría trámites frente a la vía vigente de la Ley de Memoria Democrática y la caótica gestión consular. Señalan tres frentes: 1) el recurso contencioso por denegación del derecho de petición, 2) las solicitudes por la LMD hasta su vencimiento, y 3) una Iniciativa Legislativa Popular que requiere 500 000 firmas de españoles para una ley especial. Subrayan que la ciudadanía española puede coexistir con la cubana y ofrece claras ventajas prácticas; critican la “consulta” de 2007 que equiparó Cuba/PR con Sáhara y Guinea y recuerdan la vigencia constitucional española en Cuba (1876, aplicada en 1881). Cierran llamando a informarse y coordinarse vía cubaespanola.com para preparar la movilización y las firmas (resumen preparado por IA)