La reforma a la Ley de Amparo revive una lógica del siglo XIX: ahora el juez debe velar primero por el interés público, es decir, por el lado de la autoridad. ¿Qué implica esto para la ciudadanía? Hablamos con Roberto Lara sobre cómo el problema no está en el diseño del amparo, sino en sus operadores: jueces mal preparados, prácticas de activismo judicial cuestionables, una tendencia a cerrar instituciones en lugar de corregir sus abusos y la apatía ciudadana.