Los asesinatos ocurridos el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla en Jayuya, Puerto Rico, fueron investigados por inconsistencias. Inicialmente, se declaró como una intervención policial contra unos terroristas, pero gracias a las declaraciones de un testigo la versión de la policía y el gobernador del momento, Carlos Romero Barceló, fueron desmentidas. 

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