España se ha convertido en el octavo país del mundo que regula el derecho a morir, tras la aprobación de una ley orgánica en marzo de 2021. Una ley garantista, abierta a considerar no sólo el sufrimiento físico, sino también el dolor psicológico insoportable que lleva a algunos pacientes a querer adelantar, gestionar y dignificar el final de su vida.