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La política del gobierno venezolano para lidiar con los problemas de corrupción y abuso de las empresas privadas no fue gestionarlas sino expropiarlas. Se supone con la intención de que estas empresas que producian productos requeridos por gran parte de la población, trabajaran de manera correcta en beneficio del público y de sus propios trabajadores.

Pero esto no fue lo que ocurrió, las empresas expropiadas acabaron por ir a quiebra, a desmejorar las condiciones de sus trabajadores, no proveer productos e ir a cierre, o mantenerse como empresas zombie con empleados recibiendo dinero del estado pero sin nada que hacer, y tampoco ese salario es suficiente para una vida digna.