La posesión por civiles de pistolas y otros instrumentos letales se acaba de evidenciar como escasa de controles.

La regulación que debía impedir su llegada a manos impropias por razones morales y psíquicas, perdió rigor desde años antes, una escapada de límites que las autoridades presentes se comprometen a resolver.

La posesión por civiles de pistolas y otros instrumentos letales se acaba de evidenciar como escasa de controles.

La regulación que debía impedir su llegada a manos impropias por razones morales y psíquicas, perdió rigor desde años antes, una escapada de límites que las autoridades presentes se comprometen a resolver.

Las armas de fuego que circulan sin licencias ni renovaciones hicieron prosperar una clandestinidad que se nutría además por robos y contrabandos.

Las estadísticas anuales de la criminalidad dan constancia de que la mayoría de las agresiones a tiros -muchas con efectos mortales- implican el uso de armas desautorizadas.

Una proliferación respaldada por complicidades descubiertas a lo interno del órgano expedidor de licencias, propiciando una diseminación al estilo del viejo Oeste.

Sin temor a consecuencias de tipo legal, la adquisición de armas de fuego por gente de naturaleza violenta, o de intención delictiva apoyada en la capacidad de matar, ha cobrado dimensiones en nuestro medio.

Además de endurecer los requisitos que deben cumplirse para portes y posesiones, previo examen de aptitudes y antecedentes, procede perseguir sin desmayo a los pasados violadores de regulaciones y a quienes las irrespetaron desde funciones públicas, principales auspiciadores de este auge.

Sus incumplimientos del deber han creado mayores riesgos para la colectividad con la violencia social apertrechada.