La presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha tenido que declarar ante el TSJC en calidad de imputada por permitir que el pasado 27 de julio se votasen en el parlamento autonómico las resoluciones de un estudio pese a que existía un veto explícito del Tribunal Constitucional. Forcadell lo niega, pero existen pruebas de que iba avisada. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es por qué tanto Forcadell como el propio Puigdemont andan perdiéndose en estas menudencias jurídicas si su proyecto es tan maximalista como parece. ¿O quizá es que solo es maximalista de fachada?