La novedosa ley en Francia establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. Los infractores se arriesgan a una multa de 300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.