En sus contestaciones legales, el Departamento de Salud de Puerto Rico admitió bajo juramento que su manejo de la pandemia no contaba con datos médicos ni clínicos, reconociendo que su vigilancia se basaba exclusivamente en papeles de resultados de laboratorio y no en diagnósticos reales de pacientes enfermos,.

La agencia confirmó que no sabía cuántos de los llamados "casos positivos" presentaron síntomas o fueron evaluados por un médico,, y aceptó que no fiscalizaba los ciclos de amplificación de las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en laboratorios privados, permitiendo umbrales de hasta 40 ciclos que pueden generar falsos positivos,.

Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses reveló una desconexión crítica en las estadísticas de mortalidad: admitió que los cuerpos certificados por médicos privados como muertes por el virus no llegaban automáticamente a la institución para corroboración, y de los cadáveres positivos al virus que sí lograron autopsiar en una muestra inicial, la mayoría arrojó causas de muerte no relacionadas a la enfermedad viral,.