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Empezábamos el 2025 con el nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica como reemplazo de José María Álvarez-Pallete a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta sociedad es una empresa pública española, adscrita al Ministerio de Hacienda, y a través de la misma, el Gobierno de España adquirió una participación del 10% en Telefónica por aproximadamente 2.300 millones de euros, asegurando así el control estatal en una compañía considerada estratégica para el país. Además, en los últimos meses se ha desatado una intensa disputa entre el Gobierno de España y el Grupo PRISA, propietario de medios como El País y la Cadena SER. Según algunas filtraciones, en febrero, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, el ya mencionado Marc Murtra, se habrían reunido en París con el consejo de administración de Vivendi, accionista de PRISA. Durante este encuentro, se habría instado a Vivendi a vender su participación en PRISA a empresarios afines al Gobierno, bajo la amenaza de retirar contratos publicitarios gestionados por Havas, filial de Vivendi.

Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa y principal accionista a través de Amber Capital, expresó hace unos días que “sería inaceptable que alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder". Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones entre el poder político y los medios de comunicación, y suscita interrogantes sobre la independencia de la prensa y la influencia gubernamental en los conglomerados mediáticos. Y es que uno de los puntos clave para entender cómo se forman las ideas y narrativas, es la relación entre los grupos multimedia y los Estados.

Los gobiernos, las grandes empresas mediáticas y los grupos de influencia han creado un ecosistema de propaganda a medida, financiado en gran parte, con nuestro dinero. Y afirmaciones como que “el Gobierno adquiere parte de una compañía considerada estratégica para el país”, pasan desapercibidas para la mayoría, pero si analizamos por qué un gobierno podría tener intereses en las empresas que se dedican a la información, la conclusión es poco menos que siniestra.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

La libertad es el faro 🌗