Hay un caso de salud pública, de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está claro que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas. Todos los miembros del comité de expertos del Gobierno en el caso de la hepatitis C tienen conflictos de intereses.

Es urgente y necesario que se pueda hacer uso de la propiedad intelectual de los fármacos de última generación, sin recibir el consentimiento de los propietarios de los derechos, emitiendo licencias obligatorias que permitan el uso de los fármacos patentados sin el consentimiento de los propietarios de las patentes bajo premisa de interés público.

Por Antonio Luna (Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Córdoba)