bordar el reto de detener la crisis de pérdida de biodiversidad es una tarea que requiere de ambición y grandes cambios en el modelo socioeconómico sobre el que hemos construido nuestra sociedad. A la preocupante degradación ecológica de la naturaleza, que está poniendo al borde de la extinción a un alarmante número de especies en todo el planeta, ahora se suma una crisis de corte político que está desplazando cada vez más la conservación de la naturaleza del discurso de nuestros gobernantes. Vivimos un escenario de constante debilitamiento de la normativa ambiental y el aparato financiero que deberían salvaguardar y recuperar la biodiversidad y asegurar el cumplimiento de acuerdos internacionales como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, nuestra mejor herramienta para lograr transitar con éxito esta década decisiva para hacer realidad el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza.

La plena aplicación de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 y el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza necesitan, respectivamente, 48.000 millones y 154.000 millones de presupuesto anual. Y dicho dinero debe provenir de fuentes de financiación pública. Los fondos públicos son el principal motor de la protección y restauración justas y efectivas de la biodiversidad, y no deben ser sustituidos por mecanismos de financiación privados. Es prioritario no sólo defender y reforzar un gasto presupuestario público en esta dirección, sino atacar aquellos instrumentos financieros que empeoran la situación, destruyendo la biodiversidad a costa de dinero público.

Identificar y corregir las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en el Estado español eliminará una amenaza recurrente y uno de los mayores obstáculos para progresar en la conservación de los ecosistemas, reduciendo el déficit de financiación y proporcionando los fondos necesarios para la conservación y la restauración de la naturaleza.

No sólo eso, redirigir esos flujos hacia actividades que contribuyan a recuperar hábitats y especies generará escenarios de coexistencia entre los sectores económicos que acaparan esas ayudas y la naturaleza a la que amenazan. Al mismo tiempo, presenta una oportunidad para reformular los mecanismos de financiación desde una perspectiva de justicia social, repartiendo el gasto público para beneficiar a los sectores más vulnerables creando nuevas narrativas de respeto a la naturaleza y ajuste a los límites planetarios.

La campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida de Ecologistas en Acción, con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, asume la ardua tarea de ofrecer una primera aproximación al funcionamiento de los sistemas de ayudas públicas que generan un impacto negativo en la biodiversidad y los aparatos normativos que incentivan ese daño. Para lograrlo, aborda un análisis general de las ayudas concedidas en el ejercicio 2024 en el Estado español para el sector primario: agrario, pesquero y forestal. De esta forma, se ofrecen las primeras pistas para lograr el cumplimiento de una de las metas prioritarias del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, aquella que pone fecha a la eliminación y reforma de los incentivos perjudiciales para la biodiversidad.

Detener la pérdida de biodiversidad no es un compromiso que pueda aplazarse. En los últimos 50 años se ha producido una disminución de la biodiversidad de entre un 2% y un 6% por década. Si no confluyen todos los sectores económicos, niveles gubernamentales y estratos sociales caminando juntos en esa dirección, evitar el colapso de los ecosistemas no estará a nuestro alcance. No se trata de preservar una u otra especie, sino de garantizar que sociedad y naturaleza cohabitan en equilibrio permitiendo una mutua supervivencia. Porque sin biodiversidad, no hay vida.