El uso de la comunicación digital como herramienta para llevar a las campañas políticas a una zona abismal en que los criterios legales se desdibujan entre lagunas de tecnicismos y anonimatos no es nuevo. Fue en la campaña presidencial del año 2000 cuando las plataformas digitales encendieron los focos rojos de las instituciones encargadas de vigilar el apego de los candidatos a la ley electoral.

Conceptos como spamig, cookies, links, usurpación de dominios, sites, recaudación de fondos o voluntarios mediante plataformas de captación, se convirtieron en figuras estelares del war room de cada equipo de campaña.