La normativa colombiana presenta graves obstáculos para que las víctimas de crímenes atroces reclamen la responsabilidad del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa, es decir, el término máximo con el que cuenta una persona para demandar al aparato estatal por los daños que causa es poco garantista de los derechos de las víctimas. Acompáñanos a revisar todos los problemas jurídicos que implica están relacionados con este caso del Grupo de Acciones Públicas y cómo Colombia está incumpliendo las normas internacionales relacionadas con la materia.  
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