La desaparición de migrantes no es, lamentablemente, algo nuevo ni exclusivo de El Salvador. Históricamente ha sido uno de los más graves riesgos a los que se enfrentan todas aquellas personas que, obligados por diversos factores como la inseguridad y la falta de oportunidades, deciden emigrar de su país, de su hogar, en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

La desaparición de migrantes en el tránsito hacia el norte, es una grave violación de derechos humanos que es resultado tanto de la acción directa del crimen organizado, y en muchos casos de los actores estatales, así como de la negligencia de los estados de la región en proteger la dignidad y los derechos de nuestros migrantes. Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos han trabajado por años para dar respuesta al grave sufrimiento de las familias que quedan. En El Salvador, organizaciones como COFAMIDE han acompañado a las víctimas y han promovido respuestas integrales y estructurales a este problema, sin que este se haya solucionado debido al insuficiente interés de los gobernantes de turno.

Por si esto fuera poco, lastimosamente, un grupo de salvadoreños migrantes han padecido otras violaciones de derechos humanos en 2025: la desaparición forzada de corta duración y la detención arbitraria durante el retorno-deportación. Como es sabido, entre marzo y abril del 2025, unos 288 migrantes venezolanos y salvadoreños fueron deportados a El Salvador y privados de libertad en el CECOT, acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado como el Tren de Aragua y la MS-13.

Aunque los 252 migrantes venezolanos fueron repatriados a su país de origen en julio de ese año, no hubo información sobre el paradero o el proceso que se les aplicaría a más de 30 salvadoreños deportados en esos mismos vuelos. Según algunos testimonios de los que salieron, los salvadoreños también fueron trasladados a otros centros penales, pero sin informarle a las familias de estos traslados y sometiéndoles un régimen de incomunicación con sus familias.

Posteriormente, entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de cinco de estos migrantes salvadoreños. En el marco de este proceso, el Estado Salvadoreño informó a la Comisión que ellos se encuentran privados de libertad en las cárceles salvadoreñas, pero sin corroborar qué tipo de acusaciones enfrentan en el sistema penal.

Es decir, ha sido necesario que un organismo internacional solicite información al Estado para que la familia pueda tener una mínima idea sobre el paradero de su familiar. Sin embargo, no han sido suficientes las pesquisas de la Comisión para que se esclarezca la situación jurídica de dichos migrantes.

Sin acusación formal, sin investigaciones, incomunicados, mezclados con otros privados de libertad, los migrantes detenidos arbitrariamente, a juicio de la comisión, “se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”. Ante este escenario parece que ellos no podrán gozar de los beneficios del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029 del Gobierno, todo parece indicar que ellos deberán padecer las arbitrariedades del Régimen de Excepción.

Jorge Rodríguez, Coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.