Por Pablo Callejón

Son jueces y partes de sus intereses corporativos. Una elite capaz de evitar el pago del impuesto a las ganancias que impacta en cualquier otro trabajador, con sueldos que representan un tercio de los haberes de un magistrado. La discusión no es solo de dinero, sino de status social. Fundamentalmente, de poder. Con nosotros no, es el mensaje. ¿Y por qué no? Porque deciden y pueden. Amparados por un discurso mediático empresarial que habla de “embestida” o “avanzada” del Gobierno, aunque la regulación deba surgir de una mayoría parlamentaria. Una postura que intenta eludir el punto de partida para cualquier debate: antes que jueces, son ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones. No resulta simpático suponer al sueldo como una ganancia. Sin embargo, sacar de esa condición a una exclusiva representación del Poder Judicial emerge como una concesión arbitraria y clasista.