Todo el gabinete de seguridad del presidente Peña Nieto tuvo conocimiento en tiempo real de los crímenes de la noche de Iguala y se coordinó para ocultar lo sucedido. Pero, reactivado por AMLO, el proceso judicial avanzó con lentitud hasta que en agosto de 2022, se produjo una sorprendente reversión y el descarrilamiento de las investigaciones.