Las investigaciones periodísticas y recursos legales liderados por Jesús Rodríguez García destaparon que el Departamento de Salud de Puerto Rico carecía de evidencia médica clínica para sustentar el estado de emergencia por epidemia, admitiendo la agencia bajo juramento en el caso judicial SJ2021CV00446 que su sistema de vigilancia se basaba exclusivamente en resultados de laboratorios y no en diagnósticos médicos de pacientes enfermos,,. A través de demandas de acceso a la información, Rodríguez García expuso que los laboratorios utilizaban ciclos de amplificación (Ct) de hasta 40 ciclos en las pruebas PCR —un nivel asociado técnicamente con falsos positivos— mientras el gobierno confirmaba no tener control sobre estos parámetros ni distinguir en sus estadísticas entre quienes morían realmente a causa del patógeno y quienes simplemente fallecían con un resultado positivo,,. Esta fiscalización se extendió al Instituto de Ciencias Forenses, cuestionando mediante recursos legales la falta de autopsias rigurosas y la opacidad sobre los efectos adversos y muertes vinculadas a la vacunación, forzando al estado a admitir que la clasificación de muertes no siempre contaba con corroboración patológica directa del virus,,.