El reclutamiento de menores en Colombia constituye un crimen de guerra contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de innegable gravedad por la naturaleza de los derechos que resultan afectados con su comisión. A los menores se les anula su dignidad y garantías fundamentales, al obligarlos a participar en conflictos armados, en los que son los blancos más fáciles de los enfrentamientos. La revictimización de los menores reclutados y la cifra negra de criminalidad, son características frecuentes a este tipo de crímenes, por ello, es importante fortalecer no sólo la investigación y sanción de los responsables, sino además la prevención y medidas de resocialización de los menores que son víctimas de este crimen (U. Externado, 2010).