A menos de una semana del balotaje en Argentina, la provincia de Córdoba es el foco de la atención electoral, pues concentra casi el 10% del padrón electoral. En la primera vuelta, más de la mitad de los cordobeses no votaron por ninguno de los dos candidatos que se afrontarán el domingo. Sergio Massa y Javier Milei se disputan esos ‘votos sueltos’. Reportaje de Théo Conscience, corresponsal de RFI en Buenos Aires.

Massa y Milei buscan electores en Córdoba, provincia clave en el balotaje

En "Noticias de América", analizamos la actualidad latinoamericana con las voces de protagonistas y observadores de la región.

News & Politics

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer  Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”. También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.” Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto. “Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”. Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

La Corte IDH culpa a Argentina por fallos para prevenir el atentado contra la AMIA

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día. “Derecho de pedir asilo” Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia. “La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes. Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza. Faltan “formas correctas de abordar esto” En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras. La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba. De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Organizaciones denuncian las medidas de Biden para frenar los cruces hacia EE.UU.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto. No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania. “Intencionalidad de provocación” “Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont. Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”. “Resistencia ante la influencia norteamericana” Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont. El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Flota naval rusa llega a Cuba, ‘una muestra de fuerza’

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia. Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”. Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas.  “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”.  Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas. Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

El gigante bananero Chiquita, declarado culpable de financiar a paramilitares colombianos

En Amarillo, una pequeña ciudad conservadora de Texas donde el aborto está prohibido, un grupo de habitantes quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan acceder a este procedimiento en estados vecinos que sí lo autorizan. La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos. Bajo acusaciones de no ser lo suficientemente provida, varias organizaciones de extrema derecha presionan a los alcaldes de localidades del sur de Estados Unidos para que aprueben la denominada “prohibición de viaje para abortar”.  “Vulnerables a los ataques” Esta iniciativa, creada por el activista provida Mark Lee Dickson, ya suma unos 70 pueblos, ciudades y condados a los que califica de santuarios, donde algunos ciudadanos impiden el libre tránsito por carretera a aquellas mujeres que intentan viajar a otros estados donde abortar sí es legal. “Creo que los alcaldes de estos pueblos y ciudades son elegidos estratégicamente. Son elegidos porque son vulnerables a los ataques, no de la izquierda sino de la derecha. Creo que las ordenanzas se aprueban con el fin de demostrar una falsa sensación de fuerza entre las ciudades que son vulnerables y el liderazgo es débil a las presiones de estos colectivos provida”, afirma Rachel O’Leary, líder de la organización por los derechos de la mujer Women’s March. Tras recibir una oleada de críticas por parte de los grupos conservadores, Cole Stanley, el alcalde de la localidad de Amarillo, en el sur de Texas, pidió a los activistas que reformularan la propuesta y esta podría ser llevada a votación en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales. Vínculos con Trump Para la activista, esto no es casualidad, ya que uno de los actores que está detrás de todo esto es el propio abogado del expresidente y candidato a las elecciones, Donald Trump: “[Trump] se ha rodeado de gente que está probando algunas de las políticas más extremistas tanto en cuestiones como el aborto como en temas relacionados con la raza, la inmigración o los derechos trans”, dice. “Por lo tanto, no sólo se trata del aborto, ya que muchas de las organizaciones cuyo objetivo principal era prohibir el aborto han pivotado sus misiones para incluir esas otras cuestiones”, subraya.   En mayo de este año, el Tribunal Supremo de Texas rechazó de forma unánime la demanda de cinco mujeres que alegaban haber sufrido graves complicaciones en sus embarazos y a las que se había negado el acceso al aborto, a pesar de las pruebas aportadas. “Esto es una prueba de que la aplicación de las excepciones se decide arbitrariamente, siempre que no se concedan, lo que deja a los proveedores de servicios médicos en una situación muy complicada, por lo que les cuesta entender lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que es y no es legal. Además, la mayoría de los juristas que tratan este tema creen que este factor es incluso una parte de la estrategia”, indica O’Leary. La iniciativa “prohibición de viaje para abortar” ha sembrado la polémica tanto entre conservadores y demócratas, como entre los propios conservadores. Un síntoma más de la extrema polarización que vive el país y que detonará en las elecciones presidenciales de noviembre.   

Massa y Milei buscan electores en Córdoba, provincia clave en el balotaje

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