Las modificaciones contractuales en el caso del Hospital San José del Orote presentan serias dudas de legalidad por falta de formalización adecuada.

El ius variandi es una herramienta legítima, pero tiene límites claros establecidos por la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El verdadero equilibrio entre flexibilidad y seguridad jurídica se logra cuando la administración adapta el contrato respetando rigurosamente las formas legales.

Porque en contratación estatal, la forma no es un formalismo vacío: es una garantía del interés general.