Los funcionarios de inmigración ahora pueden imponer multas millonarias a ciertos inmigrantes indocumentados. El gobierno está enviando cartas a algunas personas informándoles sobre el pago de dichas multas y, si no responden en un plazo de 15 días hábiles, perderán todo derecho de apelación.

Los tribunales también pueden ahora desestimar las solicitudes de asilo antes de la audiencia.