El régimen de excepción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el cual pretende acabar con la delincuencia del país, en realidad está acabando con los derechos humanos.

Nayib Bukele: el fin de las pandillas (y los derechos humanos)

En "Noticias de América", analizamos la actualidad latinoamericana con las voces de protagonistas y observadores de la región.

News & Politics

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día. “Derecho de pedir asilo” Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia. “La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes. Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza. Faltan “formas correctas de abordar esto” En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras. La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba. De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Organizaciones denuncian las medidas de Biden para frenar los cruces hacia EE.UU.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto. No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania. “Intencionalidad de provocación” “Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont. Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”. “Resistencia ante la influencia norteamericana” Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont. El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Flota naval rusa llega a Cuba, ‘una muestra de fuerza’

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia. Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”. Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas.  “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”.  Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas. Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

El gigante bananero Chiquita, declarado culpable de financiar a paramilitares colombianos

En Amarillo, una pequeña ciudad conservadora de Texas donde el aborto está prohibido, un grupo de habitantes quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan acceder a este procedimiento en estados vecinos que sí lo autorizan. La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos. Bajo acusaciones de no ser lo suficientemente provida, varias organizaciones de extrema derecha presionan a los alcaldes de localidades del sur de Estados Unidos para que aprueben la denominada “prohibición de viaje para abortar”.  “Vulnerables a los ataques” Esta iniciativa, creada por el activista provida Mark Lee Dickson, ya suma unos 70 pueblos, ciudades y condados a los que califica de santuarios, donde algunos ciudadanos impiden el libre tránsito por carretera a aquellas mujeres que intentan viajar a otros estados donde abortar sí es legal. “Creo que los alcaldes de estos pueblos y ciudades son elegidos estratégicamente. Son elegidos porque son vulnerables a los ataques, no de la izquierda sino de la derecha. Creo que las ordenanzas se aprueban con el fin de demostrar una falsa sensación de fuerza entre las ciudades que son vulnerables y el liderazgo es débil a las presiones de estos colectivos provida”, afirma Rachel O’Leary, líder de la organización por los derechos de la mujer Women’s March. Tras recibir una oleada de críticas por parte de los grupos conservadores, Cole Stanley, el alcalde de la localidad de Amarillo, en el sur de Texas, pidió a los activistas que reformularan la propuesta y esta podría ser llevada a votación en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales. Vínculos con Trump Para la activista, esto no es casualidad, ya que uno de los actores que está detrás de todo esto es el propio abogado del expresidente y candidato a las elecciones, Donald Trump: “[Trump] se ha rodeado de gente que está probando algunas de las políticas más extremistas tanto en cuestiones como el aborto como en temas relacionados con la raza, la inmigración o los derechos trans”, dice. “Por lo tanto, no sólo se trata del aborto, ya que muchas de las organizaciones cuyo objetivo principal era prohibir el aborto han pivotado sus misiones para incluir esas otras cuestiones”, subraya.   En mayo de este año, el Tribunal Supremo de Texas rechazó de forma unánime la demanda de cinco mujeres que alegaban haber sufrido graves complicaciones en sus embarazos y a las que se había negado el acceso al aborto, a pesar de las pruebas aportadas. “Esto es una prueba de que la aplicación de las excepciones se decide arbitrariamente, siempre que no se concedan, lo que deja a los proveedores de servicios médicos en una situación muy complicada, por lo que les cuesta entender lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que es y no es legal. Además, la mayoría de los juristas que tratan este tema creen que este factor es incluso una parte de la estrategia”, indica O’Leary. La iniciativa “prohibición de viaje para abortar” ha sembrado la polémica tanto entre conservadores y demócratas, como entre los propios conservadores. Un síntoma más de la extrema polarización que vive el país y que detonará en las elecciones presidenciales de noviembre.   

Progresa la 'prohibición de viajes para el aborto' en distintas ciudades de Texas

El enclave fundado por el ex millitar nazi, Paul Schaffer y funcionó hasta el retorno de la democracia en Chile. RFI habló con uno de los abogados de las víctimas de Colonia Dignidad, Winfried Hempel.  “Hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso”, dijo en su rendición pública a la nación, el presidente chileno, Gabriel Boric, al anunciar la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, una secta en donde se obligó a colonos alemanes y chilenos a trabajo forzado, se abusó sexualmente de algunos de ellos y que también sirvió como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet.  El Gobierno chileno pretende convertir el lugar en un Memorial. “Saludamos esa iniciativa. Nos satisface enormemente, sin perjuicio del otro gran tema que surge inmediatamente, que es el tema del destino de la plata. La verdad. La expropiación es una venta forzosa jurídicamente hablando, y una venta forzosa significa que va a correr plata por el valor comercial de la parte expropiada. Esa plata legalmente correspondería a los hijos de los ex jerarcas. No puede ser que el Estado, por un lado, con la derecha, esté expropiando, instaurando un centro de memoria en el fondo reparando y materialmente, pero con la izquierda esté dando esa plata a quien no hay que darle ni un solo peso”, denuncia Winfried Hempel es un ex colono alemán y ahora es el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad. Colonia Dignidad fue fundada en 1961, en el sur de Chile, por el alemán Paul Schafer y fue desmantelada solo en 1991. Todavía viven en el lugar decenas de colonos y parte de ellos denuncian que aún se mantiene la estructura económica que creó el fallecido líder, que alcanzó a cumplir condena en Chile, acusado por abusos sexuales, condena que las víctimas piden para otros dirigentes del ex enclave alemán. “Dos generaciones de culpables. Unos son los jerarcas históricos, quienes en su mayoría cumplieron condena de cárcel y murieron. Y después hay jerarcas de una segunda línea, un poquito más jóvenes que se han fugado todos a Alemania y viven en tranquilamente porque en Alemania no son juzgables y no son extraditados a Chile. Estamos frente a un caso de impunidad en esa segunda generación de jerarcas. Es bastante frustrante esa situación, sobre todo porque Alemania en ese sentido, no colabora en nada”, afirma Hempel a RFI. Un tema que el presidente Boric podría volver a tratar esta semana cuando se reúna nuevamente con el canciller Scholz durante su visita oficial a Alemania.

Nayib Bukele: el fin de las pandillas (y los derechos humanos)

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